El Defensor le ‘recomienda’ al consejero Luis Pizarro que ‘controle’ el burladero de la Junta de Andalucía

lunes 25 octubre, 2010

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La delegada Carmen Tovar, a la espalda del consejero de Gobernación, Luis Pizarro. (FOTO: Sevilla Actualidad)

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, eleva una Resolución al consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, para que regule normativamente los invitados al burladero institucional de la Junta en la Maestranza, tras usarlo la delegada Carmen Tovar para colar gratis a familiares y amigos de su pueblo.

Francisco Mateos.-

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, le ha remitido al consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, una Resolución formal instándole a que regule y controle los ‘invitados’ que ocupan puesto en el burladero de la Junta de Andalucía en el callejón de la Real Maestranza. Esta recomendación va unida a la misma Resolución que le ha elevado con el objetivo de regular de una forma reglada y normalizada las acreditaciones de la prensa gráfica al callejón, a raiz de una queja formal de SEVILLA TAURINA, ya que el Defensor entiende que si es la Junta de Andalucía la responsable de velar por la seguridad en el callejón por normativa del Reglamento Taurino Andaluz, debe ser ella -la Junta de Andalucía- quien expida previamente la autorización administrativa a tal fin, y no la empresa Pagés, en la que de forma incomprensible y excepcional ha delegado sólo este año la delegada de la Junta, Carmen Tovar, con el resultado de la exclusión de SEVILLA TAURINA, vetada de esta forma totalmente en la Real Maestranza.

La queja tiene su fundamento en un doble escrito que este portal presentó por Registro ante la delegada de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Tovar. El primero era en respuesta a la comunicación recibida por parte de la delegada en la que anunciaba por escrito a este portal que esta temporada -cambiando totalmente el criterio seguido por ella misma hasta ahora, ya que era ella quien expedía los pases de callejón de prensa gráfica- delegaba en la empresa Pagés la concesión de las crdenciales de prensa gráfica. En dicho escrito le anunciábamos que con ello dejaba en total indefensión el derecho a la igualdad de información de SEVILLA TAURINA, lo que está obligada a velar y garantizar por el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ya que el veto que ya había impuesto un año antes la empresa Canorea-Valencia a este portal con la retirada de la credencial de grada al redactor, se extendería con total seguridad a la retirada -tres años después de estar acreditados cada temporada por la Junta andaluza- de la credencial de prensa gráfica. Tal como se le anunció por escrito previamente, ocurrió posteriormente.

En un segundo escrito, ya vetados totalmente, se le solicitaba a la delegada Carmen Tovar que si, a lo largo de la temporada, en el burladero de la Junta de Andalucía quedara un hueco libre, pudiera ser ocupado por el fotógrafo de este portal para desarrollar su labor profesional. Durante la temporada, la delegada no sólo no ha atendido dicha petición -en ningún festejo ha invitado a SEVILLA TAURINA a ocupar los muchos huecos libres que durante la temporada ha tenido el amplio burladero de la Junta, incluyendo algún día completamente vacío-, sino que además ha venido usando el burladero para invitar y colar gratis a los toros a familiares (su marido y varios primos) así como amigos de su pueblo de Castilleja (incluyendo al propio párroco de su pueblo). Parece que invitar a amigos y familiares, que nada tienen que ver con el desarrollo del espectáculo ni tienen grado de invitado institucional, antes que ceder un hueco a un profesional que debe desarrollar su trabajo gráfico no es la mejor forma de «velar por el respeto a la libertad de expresión y al derecho a una información independiente», como recoge el Estatuto de Autonomía andaluz. Estas pruebas fueron alegadas en la queja presentada ante el Defensor sobre los abusos de Carmen Tovar, ampliando así los hechos inicialmente denunciados.

El Defensor las ha tenido en consideración y es su intención que se ponga límite a estos abusos del burladero institucional, ya que la delegada se parapetaba como argumento en su «capacidad discrecional» a la hora de invitar a dicho burladero (es decir, que puede invitar a quien quiera ‘a dedo’). No obstante, su propio Jefe de Servicio, José Antonio Delgado, la dejaba en una incómoda posición cuando señalaba por escrito a este portal que «los invitados al burladero de la Junta se basan en criterios institucionales, de profesionalidad u oportunidad», y está claro que ninguno de esos tres criterios cumplen el amplio elenco de amigos y familiares de la delegada Carmen Tovar que han visto los toros gratis sólo por su vinculación personal con la delegada.

El Defensor se ha dirigido finalmente al consejero Luis Pizarro para que regule esta situación y no sigan cometiéndose este tipo de abusos, más aún cuando hay fotógrafos taurinos sin sitio en el callejón, y le ha comunicado que «consideramos que sería necesario incluir una regulación sobre la posible existencia de reserva de espacios a invitados institucionales por razones de profesionalidad, o en interés de la Fiesta taurina, conciliando igualmente esos aspectos con la seguridad en el callejón o en otro espacio funcionalmente habilitado a tal fin».

José Chamizo ya sólo habla de «invitados institucionales», y además en ningún momento se refiere a la actual facultad discrecional de la delegada Carmen Tovar, sino que sugiere sólo dos criterios para acceder al burladero de la Junta: profesionalidad o en interés de la Fiesta. Con ello, está intentando desprenderle a la delegada Tovar esa función discrecional -de la que ha hecho evidente mal uso y éticamente rechazable- y que exista un mayor rigor y control a la hora del acceso a un burladero institucional. Chamizo se despide en el escrito dirigido al consejero Luis Pizarro «esperando respuesta sobre la Resolución formulada, en la que por la Administración se deberá poner de manifiesto la aceptación de la misma o las razones para la no aceptación, en su caso». El consejero Luis Pizarro está obligado a responderle.

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