Indicios de incumplimiento de la Constitución

Admitida a trámite la denuncia contra el consejero de Gobernación de la JUNTA DE ANDALUCÍA

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El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo (izquierda), observa indicios de un posible incumplimiento del consejero de Gobernación de la Junta, Francisco Menacho (derecha), a la libertad de información establecida en la Constitución y en el Estatuto Andaluz.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo (izquierda), observa indicios de un posible incumplimiento del consejero de Gobernación de la Junta, Francisco Menacho (derecha), a la libertad de información establecida en la Constitución y en el Estatuto Andaluz.

Los asesores jurídicos del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, deciden admitir a trámite la denuncia de SEVILLA TAURINA contra el consejero de Gobernación, Francisco Menacho, al existir indicios de haber vulnerado el derecho a la libertad de información consagrado en la Constitución, así como haber incumplido el Artículo 207 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Francisco Mateos.-

     El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha decidido admitir a trámite la denuncia de SEVILLA TAURINA presentada en esta Institución contra el consejero de Gobernación de la Junta de Andalucia, el socialista Francisco Menacho, al encontrar indicios suficientes de que «podría haber incurrido en la vulneración del derecho a la libertad de información consagrado en el Artículo 20 de la Constitución». Asimismo, en opinión de José Chamizo, también se podría haber producido «un incumplimiento del deber de tutela que en relación al derecho a una información independiente veraz y plural le encomienda el Artículo 207 del Estatuto de Autonomía para Andalucía», según escrito remitido a SEVILLA TAURINA por el propio Defensor del Pueblo Andaluz.

     SEVILLA TAURINA valora muy positivamente la admisión a trámite de la denuncia presentada y de las graves consideraciones en las que se basa el Defensor para pedir informes a un alto representante de la Junta de Andalucía, ya que podría haber incumplido precisamente artículos de la Constitucion y del propio Estatuto de Autonomía de Andalucía, de lo que, de probarse, deberían derivarse responsabilidades por parte de la Junta de Andalucía.

     Los hechos se ciñen a la polémica Instrucción 1/2011 del pasado 11 de marzo de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía que determina que, a partir de esta temporada 2011, los fotógrafos de los medios de comunicación que podrán acceder al callejón serán «los que la empresa considere oportunos», lo cual deja en la única voluntad de la empresa organizadora del festejo que un medio pueda disponer de imágenes del festejo, sin ninguna otra condición; la misma Instrucción de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía ya indica textualmente que la empresa acreditará a los fotógrafos «que considere oportunos».

     La primera empresa andaluza que ha usado esta potestad nueva que le entrega la Junta de Andalucía -hasta ahora era la propia Administración andaluza la que encauzaba las acreditaciones en las plazas más destacadas aplicando criterios objetivos- ha sido la de la Maestranza de Sevilla, que le ha retirado a SEVILLA TAURINA la acreditación de callejón para el fotógrafo que desde hace tres temporadas tenía concedida por la propia Junta de Andalucía, en un nuevo intento de cercenar la independencia de este portal y sus lectores, con la colaboración en este caso de la propia Junta de Andalucía que da cobertura legal a este ‘veto’ con la referida Instrucción objeto de la denuncia por parte de SEVILLA TAURINA.

     El Defensor del Pueblo Andaluz y sus asesores jurídicos ya han realizado diversas peticiones de informes a la Consejería de Gobernación, así como diversas llamadas telefónicas a la Consejería, para disponer de toda la información y los argumentos del propio consejero que justifiquen haber realizado la polémica Instrucción objeto de la denuncia. Tras estudiar los argumentos presentados por el consejero de Gobernación, Francisco Menacho, el Defensor del Pueblo Andaluz fallará una Resolución final sobre el caso.


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