La empresa de la Maestranza se negó dos veces ante la Junta a modificar los plazos de devolución

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La Administración andaluza le informó primero telefónicamente y después mediante un oficio que los plazos anunciados a través de los medios de comunicación no se correspondían con los legalmente establecidos. Tanto Ramón Valencia como Eduardo Canorea se negarona a modificarlos y alegaron «cuestiones de interpretación». Además, se ampararon en un docuemnto técnico-jurídico de su patronal, ANOET.


Eduardo Canorea y Ramón Valencia, empresarios de la Maestranza.
FOTO: Matito.

Francisco Mateos.-

     La empresa Pagés, gestora de la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla, se negó por dos veces a modificar su anuncio de plazos para devolución de entradas, pese a ser advertidos desde la Administración andaluza de que el Reglamento Taurino Andaluz estaba mal aplicado.

     Según ha podido conocer sevillataurina.es, nada nás publicarse en varios medios de comunicación el plazo establecido por la empresa de cuatro días a una semana vista de los festejos de San Miguel para la devolución de entradas a aquellos abonados que así lo prefirieran, el propio jefe del Servicio de la Delegación de la Junta de Andalucía en Sevilla, José Antonio Delgado, se puso en contacto telefónico con la empresa. El funcionario de la Junta de Andalucía, responsable en la provincia sevillana de la regulación taurina, pudo hablar con uno de los dos empresarios de la plaza, Ramón Valencia, indicándole que el plazo establecido en las inserciones publicitarias no se acogía a lo dispuesto en el Reglamento Taurino Andaluz, que establece en el artículo 70.6 que las devoluciones se podrán realizar hasta una hora antes del comienzo del espectáculo, y no sólo cuatro días y expirando el plazo una semana antes del comienzo del festejo.

     Ramón Valencia, en un tono amable y dialogante, concluyó con el representante de la Junta de Andalucía que era cuestión de interpretaciones y que se reafirmaba en los plazos hechos públicos, y que no iban a realizar ninguna modificación de la publicidad sobre los plazos que ellos habían establecidos y que los consideraba correctos.

     Tras esta primera negativa de la empresa a aclarar al público y a los abonados los plazos que legalmente esteblece el articulado taurino andaluz, el jefe del Servicio de Espectáculos de la Delegación de la Junta en Sevilla remitió un oficio por escrito hasta las oficinas de la empresa, advirtiéndole del error que estaban cometiendo en la aplicación del artículo 70.6 sobre derechos de devolución. Tras recepcionarse fue el otro miembro de la empresa Pagés, Eduardo Canorea, también en un tono fluido y dialogante, quien se puso en contacto con la Delegación de la Junta para volver a negarse a modificar los plazos hechos públicos al considerar que eran correctos y todo se debía a cuestiones interpretativas. En ningún momento le comunicó o aclaró a la Junta de Andalucía que más allá de ese plazo devolverían el importe de las localidades.

     Según ha podido conocer sevillataurina.es, incluso la empresa Pagés pidió amparo a la gran patronal del sector empresarial taurino, ANOET, quien le hizo llegar un documento técnico-juríduico de cuatro hojas argumentando la supuesta razón para limitar a cuatro días la devolución. Este documento fue remitido por la empresa Pagés a la Junta de Andalucía.

     Tras estas dos negativas, la Administración andaluza no ha realizado, hasta el momento, ninguna actuación más porque no ha habido ninguna denuncia de aficionado o abonado. Según indican desde la Delegación, "se trata posiblemente de un error en la información de los derechos a los abonados, que se negó a subsanar y corregir la empresa, pero todo parece indicar que, aun expirado el plazo dado por ellos finalmente se han devuelto entradas fuera del plazo marcado, tal y como indica la normativa taurina. De todos modos, en el momento en el que nos llegara una denuncia de algún cliente inciaríamos el correspondiente expediente informativo que podría derivar en un expediente sancionador a la empresa".

     En conclusión, todo parece indicar que la Delegación de la Junta de Andalucía, pese a tener bastante claro que se cometió un error con conocimento del mismo en la información al abonado e instarle por dos veces a corregirlo a la empresa, sin resultado positivo, no va a tomar ninguna medida de oficio al respecto.

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