La investigación del grupo de Homicidios sobre la muerte del torero Ricardo Ortiz en los corrales de La Malagueta ha arrojado los primeros resultados. Un Juzgado cita a declarar este viernes al empresario sevillano José María Garzón por posible responsabilidad penal derivada de las medidas de prevención de riesgos laborales.
Redacción.-
La investigación judicial por la muerte del torero malagueño Ricardo Ortiz, al que un toro embistió el Viernes Santo mientras manejaba toros en los corrales de La Malagueta, ha arrojado ya los primeros resultados. Las pesquisas avanzan con la citación como investigado del responsable de la empresa que gestionaba el coso, el empresario sevillano José María Garzón.
El caso está siendo instruido por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 11 de Málaga, que ha abierto diligencias. Por el momento, los hechos están siendo investigados como un posible delito contra la seguridad en el trabajo. Según han explicado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juzgado continúa recabando informes.
Un juzgado de Málaga ha citado a declarar en calidad de investigado al responsable de la empresa sevillana ‘Lances de Futuro’, la empresa encargada de la gestión de la plaza de toros de La Malagueta durante la corrida celebrada la pasada Semana Santa, su última corrida como empresa en este coso. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el empresario José María Garzón deberá comparecer, en calidad de investigado, este próximo viernes 15 de mayo ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 11 de Málaga.
Allí prestará declaración dentro de una causa que, por el momento, se centra en un presunto delito contra la seguridad laboral, después de haber sido entregado el atestado por parte del Grupo de Homicidios de la Policía.
En un primer momento la Policía Nacional apuntó a un accidente laboral, si bien ahora la investigación judicial se centra en determinar si la muerte pudo estar relacionada con las medidas de prevención de riesgos laborales. La causa continúa abierta mientras el juzgado avanza para determinar posibles responsabilidades penales.
